Que promueve la ley SOPA?, la Ley CISPA, ley mordaza en españa Cuáles sus implicaciones?
LEY SOPA
SOPA, que significa Stop Online Piracy Act es un proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 26 de octubre de 2011 por Lamar S. Smith (Texas, Republicano) con el objetivo de ampliar las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para supuestamente combatir el tráfico de contenidos en internet y productos protegidos por derechos de autor o por la propiedad intelectual.
El proyecto de ley tiene repercusiones gravísimas para la estructura actual de internet en todos sus sentidos pues permite al Departamento de Justicia y a los propietarios de derechos intelectuales, obtener órdenes judiciales contra aquellas webs o servicios que permitan o faciliten supuesto el infringimiento de los derechos de autor, que incluyen:
- Bloqueo por parte de los proveedores de internet a la web o servicio en cuestión, incluyendo hosting, e inclusive a nivel DNS (aunque esto ha sido puesto a discusión.
- Empresas facilitadoras de cobro en internet (como PayPal) deben congelar fondos y restringir el uso del servicio.
- Servicios de publicidad deben bloquear la web o servicio. Por ejemplo Google Adsense no puede ofrecer servicio en webs denunciadas si esta ley llegara a aprobarse.
- Se deben de eliminar enlaces a la web o servicio denunciado.
Además las penas propuestas por la ley son desproporcionadas, por ejemplo cinco años de prisión por cada diez canciones o películas descargadas dentro de los seis meses de su estreno.
LEY CISPA
Cyber Intelligence Sharing and Protection, mejor conocido como CISPA es un proyecto de ley en los Estados Unidos que permite el intercambio de información de tráfico de Internet entre el gobierno de EE.UU. y cierta tecnología y las empresas de manufactura. El objetivo declarado del proyecto es ayudar al gobierno estadounidense a investigar las amenazas cibernéticas y garantizar la seguridad de las redes contra los ataques cibernéticos.
CISPA ha ganado el apoyo de las corporaciones y los grupos de presión tales como Microsoft, Facebook y el de la Cámara de Comercio de EEUU, que ven en ella un medio simple y eficaz de compartir información importante sobre amenazas cibernéticas con el gobierno.
CISPA ha sido criticada por los defensores de la privacidad en Internet y las libertades civiles, como la Electronic Frontier Foundation, la American Civil Liberties Union, y Avaaz.org. Estos grupos argumentan CISPA contiene muy pocos límites sobre cómo y cuándo el gobierno puede controlar la información particular de la navegación en Internet. Además, temen que estas facultades podría ser utilizado para vigilar a la población en general en lugar de perseguir a los hackers maliciosos.
Algunos críticos vieron CISPA como un segundo intento de leyes digitales después de la lucha contra la piratería en línea Stop Online Piracy Act el robo de propiedad intelectual fue incluido inicialmente en el proyecto de ley como una posible causa para el intercambio de información de tráfico web con el gobierno, aunque fue eliminado en los borradores posteriores.
La legislación fue introducida el 30 de noviembre de 2011 por el representante Michael Rogers y 111 co-patrocinadores. Se aprobó en la Cámara de Representantes el 26 de abril de 2012 y actualmente se espera su llegada al Senado de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha argumentado que el proyecto de ley carece de garantías de confidencialidad y de las libertades civiles, y ha amenazado con vetar la misma.
CISPA ha ganado el apoyo de las corporaciones y los grupos de presión tales como Microsoft, Facebook y el de la Cámara de Comercio de EEUU, que ven en ella un medio simple y eficaz de compartir información importante sobre amenazas cibernéticas con el gobierno.
CISPA ha sido criticada por los defensores de la privacidad en Internet y las libertades civiles, como la Electronic Frontier Foundation, la American Civil Liberties Union, y Avaaz.org. Estos grupos argumentan CISPA contiene muy pocos límites sobre cómo y cuándo el gobierno puede controlar la información particular de la navegación en Internet. Además, temen que estas facultades podría ser utilizado para vigilar a la población en general en lugar de perseguir a los hackers maliciosos.
Algunos críticos vieron CISPA como un segundo intento de leyes digitales después de la lucha contra la piratería en línea Stop Online Piracy Act el robo de propiedad intelectual fue incluido inicialmente en el proyecto de ley como una posible causa para el intercambio de información de tráfico web con el gobierno, aunque fue eliminado en los borradores posteriores.
La legislación fue introducida el 30 de noviembre de 2011 por el representante Michael Rogers y 111 co-patrocinadores. Se aprobó en la Cámara de Representantes el 26 de abril de 2012 y actualmente se espera su llegada al Senado de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha argumentado que el proyecto de ley carece de garantías de confidencialidad y de las libertades civiles, y ha amenazado con vetar la misma.
LEY MORDAZA
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, es una ley orgánica española que entró en vigor el 1 de julio de 2015, sustituyendo a la anterior Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992).
Esta ley forma parte de la revisión de la justicia penal española desde la reforma del Código Penal del año 1995 y su desarrollo, aprobación y entrada en vigor ha estado rodeada de fuertes polémicas, incluso a nivel internacional. En este sentido, un editorial del The New York Times (NYT) instó a la Comisión Europea a apresurarse a condenar la nueva ley, citando al relator de las Naciones Unidas, quien también instó a los legisladores españoles a derrogar la ley. El NYT afirmó que «esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática». En un artículo posterior, el NYT reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnesty International como a Human Rights Watch, que considera que la ley supone una «amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España» y cita al portavoz del principal sindicato de policías que también ha manifestado su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley, entre otros, la falta del «necesario consenso político y social».
Otros medios internacionales, como The Guardian, recogen las preocupaciones expresados por el International Press Institute respecto a las provisiones «desproporcionadas» que «perjudica al pueblo español en su derecho al acceso a la información sobre temas de interés público».
Esta ley forma parte de la revisión de la justicia penal española desde la reforma del Código Penal del año 1995 y su desarrollo, aprobación y entrada en vigor ha estado rodeada de fuertes polémicas, incluso a nivel internacional. En este sentido, un editorial del The New York Times (NYT) instó a la Comisión Europea a apresurarse a condenar la nueva ley, citando al relator de las Naciones Unidas, quien también instó a los legisladores españoles a derrogar la ley. El NYT afirmó que «esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática». En un artículo posterior, el NYT reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnesty International como a Human Rights Watch, que considera que la ley supone una «amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España» y cita al portavoz del principal sindicato de policías que también ha manifestado su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley, entre otros, la falta del «necesario consenso político y social».
Otros medios internacionales, como The Guardian, recogen las preocupaciones expresados por el International Press Institute respecto a las provisiones «desproporcionadas» que «perjudica al pueblo español en su derecho al acceso a la información sobre temas de interés público».
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